PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2016, CON ESPECIAL ATENCIÓN A ENTIDADES CON INCUMPLIMIENTOS REITERADOS DE DICHA OBLIGACIÓN

(Informe aprobado el 27 de septiembre de 2018)

La presente fiscalización analiza el incumplimiento del deber de rendición de cuentas por las entidades locales y la problemática que ocasiona su carácter reiterado, identificando las razones que lo provocan, con el fin de contribuir a remover los obstáculos estructurales, organizativos y las prácticas de gestión y control que la dificultan o ralentizan y, en definitiva, a potenciarla y a fortalecer la interiorización de la cultura de rendición.

Se trata de una fiscalización horizontal. De legalidad, en lo que afecta al análisis general respecto del censo, del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas y de los plazos de aprobación y liquidación del presupuesto por el conjunto de entidades locales. Además, en el análisis específico que se realiza respecto de una muestra de 56 entidades, la misma incluye aspectos de fiscalización financiera -ya que analiza la integridad y coherencia de las cuentas anuales de las entidades-, así como operativa –en la medida en examina los sistemas y procedimientos contables de las entidades locales y su correlación con los sistemas de información y control interno de las mismas-.

Además, efectúa el seguimiento de los resultados del Informe de fiscalización del mismo nombre, referido al ejercicio 2015, respecto de las 28 entidades locales que en él se analizaron y que continuaban sin rendir las cuentas de 2014 y 2015 a la fecha de aprobación de aquel (21 de diciembre de 2017).

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

El censo del sector público local se encontraba integrado, al finalizar 2016, por 12.953 entidades. De ellas, el 63% ayuntamientos y el 29% entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

La disminución de entidades locales es apenas apreciable en el periodo 2011-2016 -inferior al 1% del total de las entidades-, si bien las entidades dependientes continuaron una cierta tendencia a la baja.

El 61% de las entidades locales rindieron las cuentas generales del ejercicio 2016 en plazo; porcentaje superior al del ejercicio anterior, que fue del 56%. No obstante, existe un porcentaje significativo de entidades locales que aún no lo hacen.

A 31 de diciembre de 2017, es decir, transcurridos dos meses y medio desde la finalización del plazo de rendición de las cuentas del ejercicio 2016, el nivel de cumplimiento fue del 76%, frente al 73% alcanzado, en el plazo equivalente, para las cuentas del ejercicio 2015. Esta situación implica volver al crecimiento de la rendición, en concreto, a niveles de 2014. La media de cumplimiento fue del 80% en ayuntamientos, consejos y cabildos insulares, y del 95% en las diputaciones provinciales.

Los menores porcentajes de rendición de la cuenta del ejercicio 2016, a 31 de diciembre de 2017, se encontraban entre los ayuntamientos de entre 50.001 y 100.000 habitantes (73%), de entre 100.001 y 500.000 habitantes (71%); en las EATIM (72%); las mancomunidades (56%) y, en especial, en las agrupaciones de municipios (29%).

En el caso de las EATIM, el porcentaje de rendición disminuyó del 89% en la cuenta de 2013, a un 72% en la de 2016. Ello se debió, en parte, a la no aplicación integral por las comunidades autónomas de las medidas legislativas que permitían la extinción de las EATIM en el caso de que no hubieran rendido a 31 de diciembre de 2014, y a la no atribución de carácter continuo a estas facultades legales.

Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición, a finales de 2017, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45%. Le seguían las de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria, con unos niveles del 62%, 65% y 69%, respectivamente. En el otro extremo, presentaron valores superiores al 90% las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón (93%) y de la Comunitat Valenciana (92%).

En general, se observa que los niveles de rendición son sustancialmente superiores e, incluso, experimentan un notable incremento en las entidades locales de las comunidades autónomas que tienen adoptadas medidas legales que condicionan la concesión de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas o que vinculan su incumplimiento a la posible retención de pagos que puedan corresponderles.

Por ello, en el Informe del Tribunal de Cuentas, al igual que ya se hiciera en Informes anteriores, se aboga por la adopción y aplicación efectiva de medidas que, a nivel nacional, refuercen la obligación de rendir las cuentas en plazo y forma, y que aseguren que estas ofrezcan una información completa, coherente, íntegra y fiable.

Así, atendiendo al mandato normativo, el Tribunal de Cuentas remitió al Ministerio de Hacienda, al transcurrir el plazo legal de rendición de las cuentas de 2016, información sobre las entidades locales que no lo habían hecho, actualizándose periódicamente estos datos, al objeto de que contara con información suficiente para hacer efectivas las retenciones que procediera.

Además, el Tribunal, como ya hiciera en años anteriores, llevó a cabo, en colaboración con los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx), un Plan de Actuaciones para promover e impulsar la rendición de cuentas del ejercicio 2016. Igualmente, publica en el Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, la relación de las entidades que no han rendido la cuenta general de los ejercicios 2014 a 2016, siendo así de público conocimiento. Igualmente, el Tribunal de Cuentas ha efectuado requerimientos conminatorios a los alcaldes de los 26 ayuntamientos que, según resultaba de la fiscalización de la observancia de la obligación de rendición de las cuentas de 2015 a que se hizo referencia anteriormente, permanecían en el incumplimiento de dicho deber, estando en marcha el procedimiento para la imposición de las correspondientes multas coercitivas a los respectivos alcaldes.

El Tribunal de Cuentas viene manifestando reiteradamente que el plazo general de rendición de cuentas de las entidades locales -15 de octubre del año siguiente-, que responde a la situación y herramientas existentes cuando se estableció el mismo hace más de veinte años, resulta excesivo a la luz de las posibilidades que ofrecen actualmente los sistemas de información contable y las nuevas tecnologías, que permitirían la tramitación y rendición en un plazo más breve. Por su parte, la regulación de plazos de rendición de las entidades locales distintos al general en determinadas comunidades autónomas (Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía, Castilla y León y, hasta 2017, también la Comunitat Valenciana), producen divergencias temporales injustificadas en el cumplimiento de dicha obligación. Todo ello, limita la transparencia de la gestión pública local, impide ofrecer una visión homogénea y ocasiona una demora en el control, lo que hace perder utilidad, oportunidad y relevancia a los resultados de este.

En particular, las 56 entidades objeto de la muestra seleccionada en esta fiscalización (52 ayuntamientos, 2 diputaciones provinciales, 1 cabildo y 1 consejo insular), tenían, a 23 de septiembre de 2018, 57 cuentas pendientes de rendir; de las cuales el 7% se referían al ejercicio 2014, el 43% a 2015 y el 52% a 2016.

Por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de los plazos para la aprobación y liquidación del presupuesto y la tramitación de la Cuenta General, se expone en el Informe que la práctica totalidad de las entidades que habían rendido las cuentas de 2016, también habían aprobado su presupuesto, si bien únicamente el 34% de ellas lo había hecho antes de comenzar el ejercicio, evidenciándose así una inadecuada planificación presupuestaria y económica de la actividad económica en las entidades, lo que no facilita una gestión municipal ordenada y transparente.

En el caso de las entidades de la muestra, únicamente el 13% de ellas aprobaron en plazo el presupuesto para el ejercicio 2016, y el retraso medio en la aprobación de aquel fue de 140 días.

Por su parte, el 73% de las entidades locales aprobaron la liquidación del presupuesto en plazo, situándose en 68 días el retraso medio en los restantes casos.

El retraso en la formación, aprobación y rendición de la cuenta general del ejercicio 2016 se produjo en el 41%, 23% y 20% de las entidades del territorio nacional, respectivamente.

Como motivos de la falta de rendición en plazo de la cuenta general se identifican, en el 48% de las entidades, la falta de dotación de recursos humanos; en el 13%, problemas para la adopción del acuerdo de aprobación de la cuenta por el Pleno de la entidad, o por carecer de interventor o haberse producido cambios en este; en el 9% de las entidades, la causa fue la omisión de la aprobación de las cuentas de las entidades dependientes, lo que imposibilita la formación de la de la principal; en otro 9%, los motivos estarían relacionados con incidencias de tipo informático; en el 5%, lo fue por retraso en la liquidación presupuestaria; y en el 2% de los casos, se debió a falta de recursos materiales.

Del análisis del sistema de información contable y su correlación con el sistema de control interno y otros sistemas de información de las entidades de la muestra, resulta que en el 77% de ellas el Sistema de Información Contable para la Administración Local (SICAL) permite realizar el control de legalidad, pero solo en un 41% posibilita efectuar actuaciones de control financiero, lo que se motivó, fundamentalmente, en la falta de medios técnicos o personales. Además, únicamente el 4% de las entidades locales de la muestra que disponían aquel, lo habían llevado, efectivamente, a cabo. La inexistencia de control financiero supone una debilidad del sistema de control interno y afecta directamente a la evaluación de la gestión de la actividad económico-financiera de la entidad local.

Se revelan importantes deficiencias en la regulación contable de las entidades locales de la muestra, pues la práctica totalidad de las que no había cumplido con la obligación de rendir cuentas no tenían elaborada instrucción de cierre contable y presupuestario y el 41% de ellas no contaba con bases de ejecución de presupuestos. Ello supone la ausencia de una herramienta básica para el cumplimiento de anualidad presupuestaria y de devengo.

La totalidad de las entidades de la muestra disponía de un punto general de entrada de facturas electrónicas, si bien, en algo menos de un tercio de ellas, este registro no estaba conectado con los registros contables, circunstancia que incrementa el riesgo de errores y de retrasos en la tramitación de las facturas y pago a los proveedores.

El 12% de las entidades de la muestra no remitieron al Ministerio de Hacienda la información relativa al cuarto trimestre de 2016 que legalmente le habían de proporcionar, lo que provoca que el Ministerio no pueda generar la información necesaria para verificar los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Respecto de los 28 ayuntamientos analizados en el informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales del ejercicio 2015 que, a la aprobación del mismo, persistían en el incumplimiento de la rendición de cuentas, se observan ciertos cambios en los sistemas de información contable, si bien se mantienen algunas incidencias.

RECOMENDACIONES:

  • Debería promoverse la homogeneización de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, regulando plazos de tramitación y rendición más breves.
  • Se insta a los órganos competentes de la Administración estatal y autonómica para que, tan pronto tengan conocimiento de la falta de rendición de cuentas, puedan hacer efectivas las medidas con que cuentan, favoreciendo una cultura de la rendición como mecanismo de buena gestión y expresión de la transparencia en su ejercicio.
  • Se recomienda revisar la normativa en relación al procedimiento de rendición de la cuenta general de las entidades locales en el caso de no ser aprobadas por el Pleno municipal.
  • Se recomienda fortalecer las medidas legislativas para fomentar la rendición de cuentas en plazo y la rendición de las cuentas de las entidades dependientes de la entidad local, entre ellas, su configuración como requisito para el acceso a las ayudas y subvenciones públicas.
  • Se hace conveniente revisar los importes de las multas coercitivas que puede imponer el Tribunal de Cuentas, previa realización del correspondiente requerimiento conminatorio, en caso de incumplimiento del deber de rendición de cuentas.
  • Habría de reforzarse la capacidad y los medios de las Intervenciones Locales y fomentarse la agrupación de municipios para el sostenimiento en común de los puestos de intervención municipal.
  • Debería intensificarse el apoyo de las diputaciones provinciales y comunidades autónomas uniprovinciales a las entidades locales de su ámbito territorial, especialmente las de menor dimensión, para dar cumplimiento al deber de rendir sus cuentas. Se estima conveniente potenciar y desarrollar los procedimientos ya existentes en gran parte de las entidades supramunicipales.
  • Se insta a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para:

-. Asegurar la rendición en plazo de sus cuentas y la aprobación y liquidación en plazo del presupuesto.

-. Garantizar que su sistema de información contable permita efectuar el control financiero.

-. Asegurar la adecuada conexión entre los registros administrativos y contables de facturas.

-. Elaborar y aprobar normas para el ejercicio y desarrollo de la contabilidad financiera y seguimiento de la ejecución presupuestaria, así como una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre de ejercicio.

-. Reforzar su sistema de información contable, de forma que permita la adecuada elaboración de las cuentas anuales, y garantizar la efectiva inspección de la contabilidad de las entidades dependientes de cada una de aquellas.

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